4.1 Instrumentos económicos
Los instrumentos económicos son aquellos que determinan el tipo y el sentido de las decisiones de producción, consumo y disposición de desechos que se dan entre las relaciones sociedad-naturaleza, y promueven o inducen pero no obligan a lograr cambios de comportamiento favorables al uso sostenible del medio ambiente, tratando de corregir las fallas del mercado.
Los instrumentos económicos se enmarcan en las políticas ambientales como una herramienta que actúa en el compartimiento de los agentes económicos a través de señales de mercado. Existe un amplio abanico de instrumentos económicos de posible aplicación a objetivos de política ambiental (tasas por contaminar, creación mercados de permisos transables, pago por servicios ambientales, etc.).
Se trata de esquemas que operan a nivel descentralizado y que aplican la lógica económica a la solución de los problemas ambientales.
Ya sea en sustitución de instrumentos de comando y control o conjuntamente con ellos, en la teoría, los instrumentos económicos presentan características de interés para mejorar el desempeño ambiental, internalizar los daños y beneficios ambientales (aplicación del principio contaminador-pagador; pago por servicios ambientales) y para conseguir objetivos de carácter ambiental al menor costo posible.
Por otro lado, teniendo en cuenta las limitaciones de recursos financieros a los que tienen que hacer frente las autoridades ambientales de los países, existen instrumentos económicos que tienen capacidad de, al mismo tiempo de corregir problemas ambientales, recaudar ingresos que pueden dedicarse también al área ambiental.
Algunos de los mecanismos de implementación contemplados en diversos Acuerdos Multilaterales Ambientales (por ejemplo, el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto), tienen como base el uso de instrumentos económicos.
A pesar de las características mencionadas arriba y del potencial que presentan en teoría como instrumentos de política ambiental, su uso en la región ha sido bajo, como se detalla mas adelante. Es por ello que las actividades de las agencias del Comité Técnico Interagencial (CTI) que trabajan en esta área se han dirigido a:
a) Evaluar las lecciones extraídas de los casos de aplicación de instrumentos económicos que se han dado en los países de la región; identificando: i) los factores que están presentes en los casos de aplicación exitosa de instrumentos económicos en la región y las estrategias o circunstancias que han sido determinantes para lograr este resultado en el marco de la gestión ambiental; ii) las barreras que enfrenta la implementación de instrumentos económicos de gestión ambiental, dado el entorno jurídico-institucional y económico en los países de la región.
b) En base a la evaluación de las circunstancias locales en que deben operar estos instrumentos, desarrollar recomendaciones propositivas que le sirvan a los gobiernos en el futuro diseño y aplicación exitosa de dichos instrumentos en apoyo a sus políticas de gestión ambiental identificando posibles estrategias de implementación que pudieran seguir las autoridades ambientales de la región para superar estas barreras y explotar las ventajas potenciales de estos instrumentos en la gestión ambiental.
La promoción de los instrumentos económicos en apoyo a la gestión ambiental ha sido incorporada por varios foros y acuerdos globales.
3.4.2 Normatividad ambiental
La normatividad ambiental mexicana ha tenido un desarrollo bastante acelerado a partir 1988. Desde 1993 muchas normas técnicas mexicanas se transformaron, tras una revisión especializada y un análisis costo/beneficio serio, en Normas Oficiales Mexicanas. A la fecha hay 79 Normas Oficiales publicadas, y se encuentran en proceso de elaboración 64, de las cuales cinco son revisiones. Las 79 publicadas nos colocan a la cabeza de América Latina y superan los esfuerzos de normalización de muchos otros países. Lo anterior muestra el considerable avance que hay en materia normativa en nuestro país, reflejo de un esfuerzo concertado por fijar metas de calidad ambiental. Sin embargo, hay considerables lagunas por llenar y algunos traslapes, ya que parte de las normas se han desarrollado en respuesta a demandas puntuales y presiones, sin tener detrás un ejercicio de priorización ni de análisis de efectividad y costo.
Esto ha conformado un cuerpo normativo que a menudo contempla estándares diferenciados por industria para un mismo medio y un mismo contaminante, y que sin ser laxa no siempre refleja metas de calidad ambiental. Así, el número de normas que se ha desarrollado no refleja al grado que sería deseable la existencia de un cuerpo normativo coherente ni suficiente, aunque entre ellas hay un número importante que son adecuadas.
Las ventajas de los instrumentos económicos son varias: el costo efectividad que permite alcanzar objetivos de manera menos costosa, al igualar el cargo o impuesto con los costos marginales de abatimiento; el ajuste automático, los niveles de emisión se ajustan automáticamente al impuesto o precio fijados; contienen intrínseco el principio �el que contamina paga, de tal manera que los contaminadores se hagan cargo del daño ambiental que generan; reditúan en beneficios ambientales y económicos, pues los ingresos se pueden utilizar para la conservación o mantenimiento de los recursos naturales, al mismo tiempo que modifican conductas que deterioran el ambiente, y permiten integrar los aspectos ambientales en políticas sectoriales.
La política ambiental en nuestro país se ha sostenido en mayor proporción en los instrumentos de carácter normativo, también conocidos como de comando y control; la distinción entre normativos y económicos radica en que los segundos ofrecen un potencial recaudatorio, el cual puede tener un destino extra presupuestal.
Si consideramos que los impuestos ambientales gravan determinadas actividades que impactan negativamente el ambiente.
Entonces, se podría pensar que los recursos recaudados con motivo de esas actividades deberían tener ese destino o fin, con objetivos a corto, mediano y largo plazo.
En el corto plazo se persigue disminuir el consumo o utilización de los bienes o servicios que causan mayor daño al ambiente; en el mediano y largo plazo se fomenta el cambio a tecnologías limpias, que posibiliten el crecimiento económico y al mismo tiempo reduzcan el deterioro ambiental.
Ejemplos de normativa ambiental
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BIBLIOGRAFIA
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